El panorama es siniestro. Nueve mil presos repartidos en un sistema carcelario que tiene lugar para 6.500. Veinticuatro reclusos muertos, sólo en 2009, en circunstancias violentas; cinco de ellos incinerados en una misma noche y una misma celda. Tasas de hacinamiento que en algunos establecimientos marcan que conviven el doble de presos de los que tendría que haber.
Con este diagnóstico, el gobierno recién asumido, ha puesto a las cárceles como una de sus prioridades. El presidente José Mujica habló de que, por ejemplo, con la apertura de nuevas cárceles se avanzará mucho hacia una solución. Se mostró preocupado pero habló de mejoras posibles.
También lo hizo de Tabaré Vázquez quien, en su discurso de asunción el 1° de marzo de 2005, anunció "medidas de emergencia para encarar resueltamente los problemas de hacinamiento, alimentación y salud en todos los establecimientos penitenciarios". No se tomaron, o fueron insuficientes, y cinco años después, un lapidario informe de la ONU dejó claro que Uruguay tiene algo así como las peores cárceles del mundo.
A eso hay que sumar otros problemas. "La gran mayoría de los primarios que ingresan al sistema carcelario son adictos a la pasta base", agrega el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé. Y en la cárcel, aumentan su consumo debido a una red establecida de venta de drogas que los familiares pagan en el exterior.
"La convivencia, además, hoy es más violenta", dijo Garcé. "A la cárcel se ingresa cada vez más joven para estar un lapso más extenso".
El panorama, entonces, es más que siniestro: cerca de 10 mil personas, en muchos casos adictas a la droga, conviviendo en instalaciones insuficientes y con una infraestructura deteriorada, custodiados por un personal que, en algunos casos, muestra una peligrosa predisposición a saltearse algunas normas y que está mal pago y poco preparado.
Hay, igual, una buena noticia. Ya hay países que han estado en la misma situación, o peor, y han logrado mejorar, opina Nicolás Trajtenberg, docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. "Existen el mundo programas que han resultado exitosos. Incluso en Uruguay el Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR) es un ejemplo interesante", asegura el académico.
El plan oficial del nuevo gobierno contra el hacinamiento incluirá el traslado de mil reclusos, las construcción de nuevas cárceles y la ampliación de Comcar y Libertad, los dos centros más complicados y cara visible de un sistema arruinado. Se mudará la cárcel de mujeres de Cabildo y se crearán nuevos centro de alta seguridad. Hay quienes piensan que esto no se arregla solo con más cárceles, pero muchos coinciden en que, al menos, es un buen comienzo.
"Crear más cárceles no es la solución porque siempre se van a llenar", afirma Diego Camaño, abogado penalista y docente. "Así vamos a estar siempre corriendo la coneja, siempre vamos a tener que construir más".
Muchas ideas están en la vuelta desde el anterior gobierno y fueron incentivadas por el informe de Manfred Nowak, el inspector de la ONU que fue lapidario con las condiciones de algunas cárceles uruguayas. En el informe final dado a conocer en Ginebra el 1° de marzo calificó a Libertad como una de las peores del mundo. Nowak habló de "animales enjaulados", torturas y recomendó el cierre de los módulos 2 y 4 del Comcar.
En marzo del año pasado, el presidente Vázquez ordenó un plan que, por una razón u otra, ha ido demorándose. El traspaso la semana pasada de la cárcel de Punta de Rieles a la órbita del Ministerio del Interior es un primer paso, un año después de que fuera encomendada la tarea. Se habló de trabas burocráticas y falta de presupuesto para justificar la demora.
"Vamos a modificar el sistema carcelario en su conjunto mediante acuerdos públicos y privados llevados adelantes con la Corporación Nacional para el Desarrollo, vamos a emprender la construcción de nuevas cárceles y el reciclado de otras", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Calificó a las cárceles como "universidades del delito".
Hace cinco años, su colega, José Díaz, al presentar la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, habló de que se buscaba "abrir el camino hacia una nueva política criminal que apueste al tratamiento, a la rehabilitación, a la educación y al trabajo y no a la función punitiva contra los pobres".
Ahora el tema se ha hecho aún más urgente. La media histórica de presos en Uruguay siempre fue entre 1.400 y 1.600, de acuerdo a Garcé. A mediados de la década de 1990, "hubo un punto de quiebre" (la llamada ley de seguridad ciudadana) y de 3.200 presos se pasó en 15 años a los 8.800 de la actualidad. La población carcelaria aumentó en 5.600 detenidos y, en todo este tiempo, "en el mejor de los casos" se crearon 2.500 plazas nuevas. Hoy, 10.000 presos es un horizonte inevitable para los que se crearán alrededor de 2.000 plazas nuevas.
El déficit seguirá ahí. "El sistema necesita al menos 4.000 nuevas plazas para superar el hacinamiento carcelario", dijo el subdirector de la Dirección de Cárceles, Enrique Colman.
"Este crecimiento de la población, más el tipo de personas que ingresa a la cárcel y la clase de cárceles que tenemos, hace que el modelo actual esté agotado y es evidente que hay que buscar uno nuevo", opina el comisionado. Los especialistas coinciden que lo primero que tiene que hacer el Estado es alentar un cambio de mentalidad.
"La gente tiene que entender que cuanto más presos haya, más inseguridad hay en la calle", dice Camaño. "Eso no se ha logrado visualizar porque si se hubiera visto bien desde la política, no tendríamos el sistema carcelario que tenemos."
"Esto es un problema mundial", dice Trajtenberg. "El problema es que acá no se ha probado ningún modelo y la rehabilitación no existe".
Hay coincidencia en que cualquier plan para solucionar el tema debe pasar no sólo por las condiciones carcelarias ("hay un mandato constitucional de que las cárceles no están para mortificar y ese mandato se está violando", dice Camaño) sino con mejorar con un sistema que abusa del encierro, no genera medidas alternativas a la cárcel y tampoco atiende la rehabilitación de los presos. El gobierno no da demasiadas señales aún en ese sentido. Nadie del ministerio del Interior fue autorizado para hablar para esta nota.
"Pongamos en prisión a aquellos que tienen que estar en prisión", afirma Trajtenberg. "La cárcel no puede ser el primer recurso". El académico sugiere hacer una relevamiento de quiénes deben estar en la cárcel, extender experiencias exitosas como el CNR, crear programas específicos para realidades específicas e invertir en la rehabilitación.
Sobre lo que hay unanimidad es sobre lo que Camaño llama "cortar el nexo entre las cárceles y el ministerio del Interior".
El informe Nowak ya sugería, por ejemplo, la creación de un ministerio de Justicia que se encargue del tema penitenciario. Eso aportaría, por ejemplo, un cuerpo penitenciario especializado por fuera de la Policía con formación penitenciaria.
"La Policía está formada para la prevención y la represión del delito", opina Camaño. "No tiene la formación para la resocialización. Uno no le puede pedir al Policía con la formación que tiene que sea asistente social". Hoy, el personal policial a cargo de la cárcel, "es el penúltimo escalafón antes del desempleo", opina el comisionado Garcé. Si el Policía puede evitar ser penitenciario lo va a hacer.
El gobierno parece dispuesto a sacar al sistema penitenciario del ministerio del Interior. Bonomi anunció esta semana que tiene como "reto" que la administración penitenciaria deje de estar en la órbita de su secretaría de Estado y pase a ser un organismo independiente. También se habló de la libertad vigilada, como un recurso para aliviar el peso de las cárceles.
"El cambio de mentalidad es fundamental. Hay que pasar de un enfoque estrictamente punitivo a otro que tenga que ver más con la protección de los derechos", opinó Camaño. Un sistema de medidas alternativas requieren de una cierta inversión y una infraestructura que hoy no existe.
"Vamos a tener que convivir con el problema cárceles todavía por un buen tiempo", opina Camaño. Para el profesional, "la solución pasa por medidas que aseguren un flujo de egresos e ingresos; una ley de medidas alternativas; una modificación del régimen de libertad anticipada y una reforma legal que Uruguay se debe hace mucho tiempo que es la del proceso penal".
Así que será cosa de convivir con el tema cárceles, un buen tiempo. "Se necesita dinero, cabeza y planificación", opina Trajtenberg. Eso no siempre ha estado. Los planes implican un gasto presupuestal que se pierde para otros rubros. "Hagamos lo que hagamos va a demandar mucho dinero", dice el académico.
Tiempo y dinero son dos recursos que nunca sobran y menos cuando lo que hay que arreglar aparece tan urgente y se parte de una situación tan desesperante.
Opiniones sobre tener más cárceles
"Las prácticas en materia carcelaria demuestran que las que mejor funcionan son las chicas. Son manejables. Uno no puede manejar una población de tres mil personas como en el Comcar. Tres mil personas son tres mil familias y eso son mucho más que tres mil problemas. Y además tenerlas hacinadas. El Comcar es muy parecido a un campo de concentración". Diego Camaño, abogado.
"Construir más cárceles no es la solución aunque sí puede resolver el hacinamiento. Hay que apostar a un plan más integral. Si se construye una cárcel se llena enseguida y el problema sigue". Nicolás Trajtenberg, sociólogo.
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| ACORDAOS DE LOS PRESOS ,COMO SI ESTUVIERAIS PRESOS JUNTAMENTE CON ELLOS;Y DE LOS MALTRATADOS,COMO QUE TAMBIEN VOSOTROS MISMOS ESTAIS EN EL CUERPO -Hebreos 13/3 |
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